Programa electoral UPyD Armilla
UPyD Programa Elecciones Municipales Mayo 2011 Unión Progreso y Democracia PROGRAMA ELECCIONES
MUNICIPALES 2011 UPyD ARMILLA “UPyD es un partido grande, ya que el tamaño de los partidos políticos se ha de medir por la grandeza de sus ideas”
Nacho Prendes, Consejo de Dirección 1.INTRODUCCIÓN2 2.DIAGNÓSTICO GENERAL3 3.REFORMA DEL SISTEMA MUNICIPAL4 4.REFORMA URGENTE DE LA
FINANCIACIÓN LOCAL6 5.SIMPLIFICACIÓN DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS: DIPUTACIONES PROVINCIALES8 6.MEDIDAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA9 6.1.Propuestas de reforma
de las leyes electorales10 6.2.Reforma del sistema electoral municipal11 6.3.Propuestas de transparencia y acceso a la información pública12 6.4.Organismos públicos. Incompatibilidades.
Contratación. Cargos públicos14 6.5.Propuestas de reforma de la función pública17 7.CIUDAD Y CIUDADANÍA19 7.1.Urbanismo, vivienda y movilidad19 7.2.Economía y Hacienda21
7.3.Industria y Empleo22 7.4.Cultura, Educación y Deporte24 7.5.Asuntos sociales y Participación Ciudadana27 7.6.Seguridad Ciudadana, Personal y Administración.28 7.7.Turismo y
Patrimonio29 1. INTRODUCCIÓN Las próximas elecciones municipales de Mayo de 2011 significan para Armilla, para Andalucía y para toda España algo más que designar un
determinado Alcalde al frente del Ayuntamiento. La actual crisis del sistema político español, nos exige concurrir a las urnas con una visión nacional y de conjunto, que contemple un cambio real en
el desarrollo de la Constitución de 1978. El entramado institucional tejido en los últimos años ha generado una estructura político administrativa ineficaz, insolidaria, inviable y
asimétrica, que nos coloca en muy mala posición de cara al futuro. Cada municipio de Andalucía tiene sus problemas, sus necesidades, y de eso queremos ocuparnos en UPYD, como no podía ser de
otra forma. Pero el ciudadano debe saber que toda política doméstica está condicionada por la crisis del sistema político en su conjunto y que nuestro objetivo prioritario es la regeneración de
dicho sistema de forma urgente, transparente y eficaz, para poder abordar los problemas cotidianos de los españoles. Desde el pacto constitucional del 78 (que en la práctica se encuentra
roto), los dos grandes partidos se dedican a debilitar y desestabilizar al contrario en un quítate tú para ponerme yo, en lugar de desarrollar las estructuras necesarias para obtener unas mejores
condiciones de vida y libertades de la población. Es obvio que necesitamos un nuevo modelo territorial que evite las duplicidades en la gestión de lo público que, respetando todos los
valores que nos aportó la transición, coloquen nuestra administración pública a la altura del ya avanzado siglo XXI. Especial para UPYD resulta la reforma de las instituciones públicas reordenando
sus competencias, organización y financiación, así como terminar con la demagogia y el desgobierno que han fomentado el partidismo, la corrupción y la manipulación de lo que deberían ser
instituciones al servicio de los ciudadanos. Por eso, los representantes municipales elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen a llevar a los ayuntamientos andaluces el Código
de Buenas Prácticas Públicas, ejerciendo los cargos con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos. Trabajamos para devolver a la ciudadanía el poder real sobre las instituciones,
recuperando el poder sobre la política para liberarnos del control que sobre ella ejercen los partidos políticos. Para que la ciudadanía recupere ese poder en básica la reforma de las leyes
electorales que garanticen el valor de la igualdad de voto de cada persona a costa del poder de los aparatos de los partidos. Hay que convertir el trabajo político en una herramienta al
servicio exclusivo de los ciudadanos y no de los partidos, y eso es algo que sólo puede hacer un partido libre, sin el lastre de redes clientelares, compromisos y dependencias, eso es algo que sólo
puede hacer UPyD. Por eso nuestra primera aspiración es llevar a las instituciones a ciudadanos atentos a la defensa del interés general, rigurosos en el manejo de los fondos públicos y
comprometidos con el impulso ético de la vida pública. Y por eso los representantes públicos elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen, desde esta primera hora, a trasladar a todas
las instituciones en que participen el Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en nuestro I Congreso y que forma parte no sólo de nuestro Estatutos, sino que aspira a ser el código genético de
este partido. Por todo ello, en estas elecciones municipales en Andalucía, vamos a plantear una política rigurosa, abierta y transparente, con acceso a la información pública de todos los
ayuntamientos. No se trata sólo de cambiar a las personas o a los partidos, sino fundamentalmente de cambiar las políticas que repercuten en los ciudadanos. UPYD asumirá esta tarea en todos los
ámbitos territoriales por igual, con un mismo discurso nacional y ofreciendo al ciudadano la posibilidad de elegirnos con un compromiso de seriedad y regeneración democrática que tanto le hace
falta a este país. 2. DIAGNÓSTICO GENERAL El problema más determinante entre los que acucian a nuestros Ayuntamientos es, sin duda, la precariedad financiera que
amenaza con quebrar el sistema. Los Ayuntamientos, puerta de entrada al sistema de prestación de servicios públicos, han acabado asumiendo multitud de competencias impropias, en unos casos por la
presión social resultante de constituir el escalón administrativo más accesible, y en otros por falta de previsión y derroche en la generación de infraestructuras. La nueva Ley de Haciendas
Locales, reiteradamente prometida, ha vuelto a ser retrasada. En el actual contexto económico parece que el Gobierno no tiene mucho interés en acometer esta imprescindible reforma financiera. Entre
otras cosas porque la descentralización del gasto público no ha beneficiado a los municipios en proporción a las demandas de que son objeto. El tamaño de nuestras administraciones locales es
el segundo problema principal. España tiene las administraciones locales más pequeñas de la OCDE, atomización que impide prestar servicios a una escala adecuada, genera desigualdades entre los
ciudadanos y es fuente de corrupción. La creación de entes supramunicipales como mancomunidades o consorcios ha fracasado porque significan la adición de un nuevo nivel administrativo
manteniendo los ya existentes. El sistema de competencias de la Ley de Bases de Régimen Local no consigue dotar a los gobiernos locales de un núcleo competencial propio acorde con su
autonomía. Muchas leyes sectoriales incrementan las obligaciones, responsabilidades o cargas municipales, lesionando la autonomía local al no poner a disposición de los Ayuntamientos los recursos
necesarios para cumplirlas. Por tanto, clarificar el mapa de competencias municipales es el primer paso para solucionar sus problemas de gestión. La política municipal española se basa en la
preponderancia de la figura del alcalde, de atribuciones amplísimas, tanto en materia de gestión económica como de gestión y jefatura de personal, contrataciones y concesiones o gestión
urbanística. En característica disfunción general de la política española, se ha instaurado el hábito de nombrar discrecionalmente a personas de confianza para cargos administrativos que ejercen la
gestión de manera poco profesional y nada autónoma, condicionados por la libre designación del político de turno. La política municipal debe evolucionar desde su estructura actual, basada en
un hombre fuerte, hacia la articulación en torno a una administración fuerte, con políticas transparentes, eficientes y eficaces. Se precisa restablecer una efectiva y verdadera separación de
poderes donde el papel de los Funcionarios de Habilitación Estatal (antes nacional), actualmente preteridos en sus funciones, juegue un papel principal. 3. REFORMA DEL SISTEMA
MUNICIPAL La Carta Europea de Autonomía Local incorporó en el año 1985, entre otros los principios de democracia, descentralización, proximidad y participación. La democracia
actual se basa en la democracia local, derivada necesariamente de la participación real y efectiva de la ciudadanía, y esto nos lleva a ese concepto fundamental: democracia de calidad. En cualquier
país avanzado, hoy en día existen gobiernos locales fuertes. Ya el art. 4.3 de la CEAL establece que: “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”. Es por ello, que desde UPyD, abogamos por una reforma de la Ley del Régimen Local que proporcione un ámbito participativo de
la sociedad en la toma de decisiones en su ámbito más próximo: el municipio. P. Aplicación exhaustiva de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y de su catálogo
de competencias y materias de interés local. El Municipio ha de tener competencia en todas las materias de interés local y que no lo sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, principio
recogido en la Carta Europea de Autonomía Local, según la cual "corresponde a estas entidades locales la ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos públicos, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos." Esta asunción de competencias ha de ir acompañada siempre de un incremento de los recursos para que se de cumplimiento al art. 142 de la
C.E. P. Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad de los cuerpos de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, potenciando el valor de sus
informes Las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, serán:
• Las de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. • El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la
contabilidad, tesorería y recaudación. Las reglas fundamentales para su selección y nombramiento, corresponderán al Ministerio de Administraciones Públicas, mediante los procedimientos de
concurso ordinario y unitario, evitando la libre designación ni siquiera en los Municipios de Gran Población. P. Desarrollar un protocolo municipal que restrinja los supuestos en que será
posible recurrir a nombramientos por libre designación para cubrir los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. P. Desarrollar un régimen
estatutario para los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional similar al de los Interventores de la Administración del Estado, para que puedan controlar con
plena autonomía al órgano o entidad objeto de control. P. Regular las causas de cese en la concurrencia de criterios objetivos excluyendo el carácter discrecional apreciado por el mismo
órgano que lo nombró. P. Instar a la Junta de Andalucía, a que se impulse la fusión de municipios en desarrollo del Capítulo II del título VI de la Ley 5/10 de 11 de junio.
4. REFORMA URGENTE DE LA FINANCIACIÓN LOCAL Es urgente abordar la reforma del sistema de financiación local, postergada de forma reiterada. Contrasta el abandono de las
haciendas locales con la primacía otorgada a las administraciones autonómicas, el tercer escalón afectado en la indispensable reforma de las administraciones. Por tanto, el reparto de los recursos
y cargas del conjunto de las administraciones debe hacerse con una visión global que incluya a los municipios. La reforma de la financiación local ayudará a combatir la morosidad municipal,
que ha provocado la ruina de numerosas empresas; hará a los municipios menos dependientes de las recalificaciones urbanísticas típicas de los años de la burbuja inmobiliaria, que nunca debió ser
una fuente ordinaria de financiación. Para fijar el nivel de ingresos hay que definir previamente, con claridad, las competencias a financiar. Es urgente dotar de mayores recursos
financieros a los Ayuntamientos y éstos deben proceder no sólo de la administración central o de incrementar los sacrificios de los ciudadanos, sino también de los que actualmente tiene la Junta de
Andalucía. Consideramos urgente abordar la reforma de la financiación local con el fin de dotar a las entidades locales de los recursos necesarios para el desarrollo de sus competencias. La
financiación de los entes locales sigue siendo la gran olvidada, porque no se han desarrollado los instrumentos que pudieran garantizar su suficiencia e independencia financiera. La
prioridad se ha dado a las Comunidades Autónomas, y las relaciones financieras de éstas con las Entidades Locales han consistido en la “cultura de la subvención condicional“, que lastra la
autonomía local y resulta notoriamente ineficiente al incentivar muy a menudo comportamientos espurios de aquellos gobiernos locales más vinculados a intereses electorales, en vez de responder a
necesidades prioritarias y reales de los vecinos. Además, la cuestionable gestión de las Corporaciones ha llevado a muchos Ayuntamientos a situaciones límite en el pago de nóminas, seguros
sociales o proveedores, a la práctica de utilizar como principal fuente de financiación la derivada de las actividades urbanísticas, o a realizar enajenaciones patrimoniales para cubrir gasto
corriente. Para fijar el nivel de ingresos necesario resulta ineludible definir con claridad las competencias a financiar mediante el desarrollo adecuado de la Ley 5/10 de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía. En el caso del Ayuntamiento de Armilla, la revisión de la relación competencias–financiación es urgente debido a la asunción de facto de numerosas competencias
durante los últimos años, escasa o nulamente financiadas. Es necesario definir cuáles han de mantenerse y cuáles son prescindibles, así como una lista de servicios de acceso universal a cargo de la
administración local. Las propuestas que hace UPyD son: P. UPyD impulsará en todo el Estado, desde el Congreso de la Nación y los Parlamentos Autonómicos, un nuevo modelo básico de
financiación de los Ayuntamientos con las siguientes líneas generales: • El sistema de financiación local debe formar parte de un modelo coherente de financiación del conjunto del Sector
Público que distribuya adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con la tipología de sus competencias y en base a los principios de suficiencia, autonomía,
eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. • Se deberá adoptar un sistema dual de financiación local en función de la demografía de los municipios. • Los
municipios que no superen un determinado umbral mínimo de población, cuyas competencias se restrinjan a la prestación de servicios básicos, tendrán un sistema de financiación simple, compuesto por:
a) los tributos obligatorios actualmente vigentes. b) las tasas y demás cargas sobre usuarios de servicios. c) una transferencia incondicional en base a la población, suficiente para cubrir
la ejecución de las competencias mínimas fijadas por ley. • Los municipios de mayor dimensión, responsables de la prestación de un mayor número de servicios, como los vinculados al
desarrollo de la Ley de Dependencia, reforzarán su cuota de participación en los impuestos estatales, a costa de los recursos ahora captados por las Comunidades Autónomas. Las transferencias
incondicionales a recibir por estas localidades deberían jugar un papel esencialmente nivelador y de solidaridad, de tal modo que estuvieran más vinculadas a las necesidades de gasto que a la
capacidad fiscal propia, y ser revisadas cada cierto tiempo. • Ampliar la aplicación de cargas sobre el usuario tales como tasas, precios públicos y contribuciones especiales para trasladar
al usuario, en la medida de lo posible, la mayor parte del coste de aquellos servicios considerados divisibles y con usuarios identificables, sin componentes redistributivos relevantes y que no
generan efectos externos de importancia. • Descenso del endeudamiento municipal: es necesario que los Ayuntamientos y sus entes vinculados contribuyan a la necesaria reducción del déficit
público limitando su recurso al endeudamiento, que en todo caso será exclusivamente para financiar inversiones. Solo estableciendo criterios cuantitativos rigurosos para la apelación al crédito
–como tener en cuenta el ahorro no financiero generado por la entidad local, así como su volumen de deuda viva existente-, y el estricto cumplimiento de principios de austeridad, nos permitirán
cumplir con los criterios fijados por la UE. 5. SIMPLIFICACIÓN DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS: DIPUTACIONES PROVINCIALES Salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales,
donde las Diputaciones ya han desaparecido, los españoles soportan a día de hoy a cinco niveles territoriales de gobierno: Unión Europea – Administración central del Estado – Comunidad Autónoma –
Diputación – Municipio... a los que hay que añadir entes especiales intermedios como las Mancomunidades, las Áreas Metropolitanas, los Distritos, etc. Es necesario racionalizar el mapa
administrativo, eliminando entes superfluos. La instauración constitucional de la Provincia crea un ente intermedio con el municipio en todas las CCAA pluriprovinciales. Sin embargo, las
Diputaciones ejercen competencias solapadas, o similares, en el mismo espacio de los Servicios Territoriales o Provinciales de las Comunidades Autónomas. Quizá hubiese sido deseable que las
Diputaciones se hubiesen convertido en las administraciones periféricas de las CCAA pero, con la excepción vasca, éstas entraron en un proceso de competencia con aquéllas que ha generado su
declive. Las 37 Diputaciones de régimen común han perdido el grueso de sus competencias tradicionales y hoy tienen escasa justificación política. No tienen funciones propias que no se solapen con
las autonómicas, así que su actividad es redundante. Tienen menos competencias, pero, paradójicamente, más funcionarios, más gastos y más personal de libre designación, habiéndose convertido en
refugio de los liberados de los partidos políticos. Por tanto, UPyD apuesta por que las CCAA integren a las Diputaciones trasladando su estatuto jurídico al marco legislativo autonómico, aunque
esto exigirá una reforma constitucional. Hasta que se produzca la integración de las Diputaciones en las CCAA, deben convertirse en instrumentos auxiliares de los municipios sin capacidad
suficiente para prestar servicios o mejorar la calidad de los que prestan. Si los municipios consideran que esa es la mejor opción, las Diputaciones deberían ser instrumentos de gestión común de
servicios locales. En resumen, la Diputación debe ser una institución técnica, especializada en la cooperación con los municipios en las siguientes tareas: -Creación y mantenimiento de redes de
servicios municipales. -Formación de los electos y empleados municipales. -Asesoramiento jurídico, económico, técnico, administrativo y de gestión. -Ejecución de obras o prestación de servicios.
-Tramitación de expedientes administrativos por delegación de los Ayuntamientos. -Desempeño de funciones técnicas. -Asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones reservadas a
funcionarios con habilitación nacional. -Asistencia a las mancomunidades, consorcios u otras formas asociativas legalmente previstas. Estas tareas no requieren el entramado de 38
parlamentos, con 1031 diputados con sus correspondientes cargos y asesores. Por ello UPyD plantea las siguientes propuestas P. En el marco de la reforma constitucional, UPyD propone suprimir
las Diputaciones y que las Comunidades Autónomas asuman sus funciones. P. Antes de la reforma constitucional, persigue la racionalización de los distintos escalones de la Administración
Pública, evitando solapamientos de municipios y provincias con los entes que puedan crear las CCAA (comarcas y áreas metropolitanas) y las asociaciones de municipios (consorcios, mancomunidades,
etc.). P. Modificar la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para convertir las Diputaciones en órganos eminentemente técnicos de asesoramiento y cooperación con los municipios, a los que
pueden proveer de servicios de calidad, disminuyendo significativamente su estructura política y representativa, y modificando el modo de elección. 6. MEDIDAS DE REGENERACIÓN
DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA Es urgente romper el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio tradicional de los dos partidos herederos de las viejas corrientes de izquierda y
derecha, con la ayuda inestimable de los partidos nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas a costa de alterar severamente la
voluntad popular. El crecimiento de la corrupción pública nos reduce a niveles de calidad de gobierno más propios de países autoritarios que de las democracias avanzadas. La corrupción es un
cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades sociales. A finales del año 2009 había imputados más de 800 cargos públicos de
todos los colores políticos. Esa cifra continúa en aumento. La percepción del aumento de la corrupción compromete el prestigio internacional de España y la credibilidad de nuestro sistema político,
como lo revela que el Barómetro del CIS de los últimos trimestres sitúe el descrédito de los partidos políticos como el tercer problema principal, sólo aventajado por el paro y la situación
económica. Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles: 1.- Clientelismo: las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número
de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. El contraste con los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo, porque en España el partido que controla
un gobierno local, autonómico o central puede nombrar multitud de cargos y asesores, y a la vez tejer una red de Agencias y Fundaciones con plena discrecionalidad en cuestiones de personal.
2.- Deficiencias de la transparencia en la gestión pública. 3.- Proliferación de normas y burocracia, innecesarias y superfluas. 4.-Administración de justicia lenta y politizada,
colonizada por los partidos tradicionales 6.1. Propuestas de reforma de las leyes electorales UPyD ha presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que propone
una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) compatible con la Constitución en su estado actual. En resumen, propone las siguientes modificaciones: 1.- Aumento
del número de diputados a 400 y rebaja del número mínimo a elegir en cada circunscripción (provincia) a 1. 2.- Distrito único de ámbito nacional para la elección de parte de los 400 diputados. 3.-
Cambio de la fórmula electoral proporcional, sustituyendo la fórmula d´Hondt por otra fórmula más proporcional como la “cuota Hare”. Otras medidas relacionadas con los ámbitos autonómico y
local son la reforma de la LOREG para limitar el ejercicio del sufragio en las elecciones locales y autonómicas de los residentes en el extranjero a los que dejaron de residir en España hace un
determinado número de años, o la exigencia de residir un número determinado mínimo de años en una localidad para poder participar en las elecciones locales residiendo fuera de España. UPyD
impulsará en todo el Estado, desde el Congreso de la Nación y los Parlamentos Autonómicos, a que desarrolle los siguientes cambios legislativos: P. Limitación del sufragio autonómico y local
para residentes habituales en el extranjero. Los residentes habituales en el extranjero pueden votar sin requisitos previos en las elecciones al Parlamento Nacional, pero no es razonable que su
voto pueda decidir elecciones como las municipales y autonómicas. La democracia demanda que participen en la toma de las decisiones los destinatarios de las mismas, y no se puede considerar
destinatario a una persona que, si bien conserva el vinculo de la nacionalidad, nunca haya sido residente en el ámbito geográfico de aplicación de sus derechos, o haya dejado de serlo muchos años
atrás, caso de aquellos nacionales nacidos en el país al que emigraron sus progenitores, o cuando se trata de nacidos en el país pero llevan muchos años residiendo en otro. P. Reforma
constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente, con domicilio fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en nuestro país, puedan
participar como electores y candidatos en las elecciones autonómicas y locales. Es la consecuencia del principio que vincula la ciudadanía política no a la nacionalidad sino a la condición de
residente permanente en un territorio y, por tanto, sujeto a las normas de un ordenamiento constitucional y al conjunto de derechos y obligaciones derivados. La lógica democrática exige que esa
persona pueda participar, de modo directo o a través de representantes, en la aprobación y modificación los derechos y obligaciones que le conciernen. 6.2. Reforma del sistema
electoral municipal El sistema electoral municipal vigente hace relativamente difícil formar mayorías absolutas, especialmente en los municipios más importantes, pues éstas requieren un
porcentaje de votos muy próximo a la mitad de los sufragios. En cambio, este factor ha facilitado con relativa frecuencia que se desvirtúe la voluntad ciudadana mediante pactos poco transparentes,
con la consiguiente inestabilidad institucional. Y también dificulta que las elecciones cumplan una de sus funciones más importantes: legitimar a los titulares del poder político. Por otra
parte, en el ámbito local los vecinos suelen conocer mejor a los candidatos, de modo que a la hora de votar importan más las simpatías personales que las afinidades partidistas. Sin embargo, con
nuestro actual sistema de elección el Alcalde mantiene una relación de confianza con el Pleno de la Corporación, que actúa como si de un Parlamento se tratase, y no con sus convecinos. El
actual sistema de elección indirecta no es el más adecuado para vincular a los ciudadanos con la política, y además puede generar situaciones de inestabilidad institucional. Por eso existen buenas
razones para que el Alcalde deba contar con la confianza no del Pleno municipal, sino del cuerpo electoral mediante su elección directa. La elección directa de los Alcaldes está contemplada en el
art. 140 CE, por lo que esta reforma no requiere de modificación constitucional. UPyD impulsará en todo el Estado, desde el Congreso de la Nación y los Parlamentos Autonómicos, a que
desarrolle los siguientes cambios legislativos: P. Elección directa del Alcalde para propiciar una mayor participación e implicación de los vecinos en los asuntos públicos mediante su
vinculación a la política. La elección directa: a) reforzará la legitimidad de los Alcaldes respondiendo a la voluntad mayoritaria de los electores. b) obligará a que los pactos y
acuerdos entre partidos para lograr su elección sean explícitos y transparentes. El sistema que mejor garantiza la consecución de estos objetivos es el de elección a doble vuelta: si ningún
candidato obtiene mayoría absoluta a la primera, pasan a la segunda vuelta los candidatos que hayan logrado determinado porcentaje de votos. En todo caso, pueden considerarse otros sistemas de
entre los comunes en la Unión Europea. Por su parte, el sistema para la asignación de concejales debe garantizar un adecuado balance entre gobernabilidad y fomento de la pluralidad. P.
Supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un sistema de elección directa del Alcalde. Quedará prevista la remoción del Alcalde por causas graves
previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación con una mayoría cualificada. P. Listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los
candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales. P. Limitación del mandato de Alcalde a un máximo de dos legislaturas completas. P. Redistribución de
competencias entre Alcalde y Pleno de la Corporación, para evitar la inestabilidad y parálisis institucional cuando no coincidan ambos órganos municipales. La función ejecutiva corresponderá al
Alcalde, y las funciones normativas, presupuestarias y de control al Pleno municipal. 6.3. Propuestas de transparencia y acceso a la información pública España es uno de los
pocos países de la UE que no garantiza por ley la transparencia y el acceso a la información pública. 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho de cualquier ciudadano a conocer,
con la correlativa obligación de informar de las administraciones, instituciones, organismos, empresas, asociaciones, fundaciones que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital
público. Toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades públicas ha de ser accesible a los ciudadanos de forma rápida, gratuita y
comprensible, sin más excepción que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado y la intimidad de las personas. Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los
organismos públicos a fin de que se rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su
actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones. Por ello UPyD impulsará en todo el Estado, desde el Congreso de la Nación y los Parlamentos Autonómicos, a: P.
Desarrollar una Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su desarrollo legislativo correspondiente en las distintas Comunidades Autónomas, que comprenda en su ámbito
de aplicación todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, empresas sociedades, institutos, fundaciones vinculados a ellas o sostenidos con fondos públicos, de tal forma que
cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de las administraciones públicas, incluidas las cuentas financieras. La Ley establecerá una
batería de sanciones disuasorias proporcionada y fácilmente aplicables, sin más excepciones que las previstas en la Constitución. P. Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española
de Protección de Datos, de canales éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas
éticas, posibles conflictos de interés y transgresiones de la normativa legal. P. Habilitación de una Oficina Independiente, vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina del
Defensor del Pueblo, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones recibidas a través del canal ético de las administraciones locales. Otras medidas que UPyD acometerá
directamente en el ayuntamiento de Armilla son: P. Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de los miembros del Gobierno
Municipal y las empresas públicas municipales, detallando identidad, currículum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación, funciones, salarios y retribuciones que perciban
por cualquier concepto, jornada laboral y sistema de control sobre su régimen de dedicación. P. Creación de bases de datos de acceso público (en la Web municipal) donde puedan consultarse
todas las subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o particulares, así como las contrataciones del ayuntamiento, permitiendo la búsqueda tanto por
emisores como por perceptores. Dichas bases de datos deberán reflejar claramente tanto el fin de la subvención como los mecanismos que se dispondrán para comprobar su correcto uso. P.
Creación de un Registro de estudios financiados con fondos municipales, encargados a terceros externos a la administración local y de acceso público, con los datos del expediente de contratación
que no estén sujetos a secreto comercial. En todo caso, los estudios financiados con fondos públicos deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control. P. Publicación de todos
los convenios del ayuntamiento de Armilla con empresas privadas. 6.4. Organismos públicos. Incompatibilidades. Contratación. Cargos públicos En el ámbito de la contratación
abundan las irregularidades que afectan al interés público, muchas de ellas señaladas por el propio Tribunal de Cuentas: falta de agilidad y responsabilidad en los procedimientos contractuales
debido a la confusa distribución de competencias; deficiencias en la confección de los proyectos de modo que durante la ejecución se producen alteraciones sustanciales, incorrectamente llamadas
modificaciones u obras complementarias; anomalías en la fijación de criterios de selección del concurso, olvidando que la discrecionalidad administrativa inherente al concurso debe estar
fundamentada. Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia empresas afines mediante la adjudicación de contratos y/o subvenciones. Estas empresas devuelven parte para
financiar al partido, contratando simpatizantes, afiliados o familiares de la autoridad responsable. Se establece así un circuito triangular: el dinero del contribuyente va a manos del político,
del político a las empresas, y de éstas una parte vuelve al político y afines. Es habitual que nuestras autoridades intenten eludir la regulación comunitaria, lo que ha originado varias
denuncias ante la Comisión Europea y en algunos casos las consiguientes condenas del Tribunal de Luxemburgo por incumplir el derecho Comunitario. Nuestras propuestas tienen tres sentidos
principales: 1.- Reformar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos. 2.- Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el número de
empresas, fundaciones y consorcios públicos. 3.- Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos de control. Hay que evitar, al mismo tiempo, la parálisis de la
Administración, pues un entramado burocrático excesivo perjudica la actividad pública y en muchos casos justifica la creación de empresas y consorcios sin control administrativo. La existencia de
estos entes es tradicional, pero lo novedoso es su multiplicación desmedida en los tres niveles de la administración, sobre todo en la autonómica con el pretexto de conseguir mayor eficacia. Pero
su verdadero objetivo ha sido y es sustraerse a la aplicación de las normas que regulan la actuación de las administraciones públicas para garantizar la objetividad, la imparcialidad, la eficacia y
la seguridad jurídica. Proceso al que hay que poner coto no sólo por la defensa del interés público, sino por ser absolutamente prioritario para controlar el déficit público.
Organismos Públicos P. Reducción significativa de las empresas públicas, organismos, agencias, consorcios, institutos, fundaciones y demás entes instrumentales mantenidos con fondos
públicos, suprimiendo aquellos que por su volumen de actividad tengan escasa entidad, los que se financien exclusivamente con recursos públicos, los que ejerzan competencias claramente
administrativas y los que impliquen redundancia de funciones con organismos similares existentes en otros ámbitos o niveles administrativos que puedan fácilmente incorporar sus competencias.
Por otra parte UPyD llevará a cabo las siguientes medidas en el ayuntamiento de Armilla P. Se harán públicas las cuentas generales y liquidaciones de todos los entes vinculados al
ayuntamiento de Armilla , así como el grado de ejecución presupuestaria de cada capítulo de los presupuestos, en un plazo inferior a un año después de finalizado el año de ejercicio del
presupuesto. P. Se garantizará la consulta accesible a cualquier ciudadano mediante, al menos, un enlace habilitado en la página Web de cada institución o empresa pública. P. Se
enviará al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas legales. P. La contratación del personal de estos organismos se
realizará por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos. P. Se aplicará a las empresas
públicas, entidades de derecho público, institutos y fundaciones de las mismas normas de transparencia económica y acceso a la información que al resto de la administración. P. El ejercicio
del control del ayuntamiento y sus organismos públicos dependientes se reservará a la Cámara de Cuentas, sin posibilidad de externalizar auditorías y servicios similares. P. Se fortalecerá
la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías complementarias a los sistemas de control interno. P. Se reforzará las funciones de Interventores y
órganos de fiscalización económica independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse. Régimen de
Incompatibilidades P. Se creará un Registro de “actividades profesionales coincidentes”. Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en el ayuntamiento o en una empresa pública
dependiente del mismo, corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o
empresa pública que gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado.
P. Se aplicará voluntariamente la normativa de incompatibilidades de altos cargos del Estado y de la Administración autonómica, a concejales y el alcalde. P. Se extenderá a concejales
y el alcalde durante los dos años siguientes a su cese la prohibición de trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad local durante el periodo en que se desempeñó
el cargo. Contratación P. Se limitará la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, reciba del ayuntamiento y sus empresas y entes
vinculados por contratos menores. P. Se extenderá de forma obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, el “Perfil del Contratante”, requisito ahora obligatorio
para contratos de procedimiento negociado con publicidad y abiertos. El Perfil del Contratante consiste en un enlace a la página Web de la entidad contratante donde constan todas las licitaciones
en curso. Informar a las pequeñas y medianas empresas de la existencia de este Perfil del Contratante, y promocionarlo para incentivar la competencia y la transparencia de ofertas. Y en general,
fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la contratación administrativa para agilizar los procedimientos de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto los
licitadores como la administración local. P. Se adaptarán los pliegos de contratación del ayuntamiento a los criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público,
velando por que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones contractuales. Se incluirá como miembro de las mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al
Departamento correspondiente. Cargos públicos UPyD impulsará en todo el Estado, desde el Congreso de la Nación y los Parlamentos Autonómicos, a: P. Establecer límites a la
capacidad de fijar libremente el sueldo de alcaldes y concejales. Los sueldos se regirán por unos baremos que establecerían un máximo y un mínimo en función del tamaño de la población y el
presupuesto municipal. Por otra parte, directamente en el ayuntamiento de Armilla, llevará a cabo las siguientes acciones de forma inmediata: P. Se obligará a la transparencia total
en las percepciones dinerarias, por todos los conceptos, de todos los remunerados con dinero público, de forma clara y accesible. P. Se eliminará el cobro por parte de los cargos públicos de
dietas por asistencia a comisiones, reuniones y otros actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos.
P. Se limitará drásticamente el nombramiento de asesores de forma que sólo será posible su contratación cuando se garantice su necesidad justificadamente. P. Las retribuciones de los altos
cargos de libre designación se asimilarán al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes. P. Se eliminará la posibilidad de inversión privativa de los
cargos públicos municipales en empresas con financiación pública. 6.5. Propuestas de reforma de la función pública Los valores de la gestión pública han de ser necesariamente
compartidos por responsables políticos, servidores públicos y ciudadanos. Los códigos de buen gobierno y buena conducta administrativa, junto a la participación activa de la sociedad civil, han de
contribuir a mejorar la calidad del sistema democrático. La reciente aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007, aprobado por las Cortes Generales en
cumplimiento del mandato contenido en el artículos 103.3 de la Constitución, exige a las administraciones una labor de revisión de su normativa de función pública para adecuarla al nuevo marco de
la legislación básica estatal. Esta revisión debe ir precedida de los estudios necesarios para adecuar el modelo de función pública tanto al objetivo de dotar a todas las administraciones de una
Administración competente y profesionalizada, como al de establecer para la función pública un régimen jurídico que asegure los principios y valores constitucionales y estimule la buena conducta
profesional y el cumplimiento de objetivos. La regulación de la función pública no puede observarse como una nueva oportunidad para revisar al alza el régimen retributivo de los empleados
públicos, sino para reforzar precisamente su eficacia y profesionalidad en la defensa del interés general. En la actual crisis económica no debe diferirse dicha regulación por problemas de índole
presupuestaria, previéndose la demora de aquellas previsiones de carrera que supongan incremento de gasto. Consideramos necesario fortalecer la función pública mediante el desarrollo de una
carrera profesional que permita a funcionarios de carrera, en base a baremos objetivos, alcanzar niveles de responsabilidad ahora copados por cargos de libre designación, fomentando la
independencia en el ejercicio de la responsabilidad. El concepto de autonomía no es sinónimo de falta de control o de límites cuando se trata de asegurar que los ciudadanos reciban servicios
de calidad semejante en todo el territorio nacional, sin sufrir el pago de sobrecostes administrativos derivados del lugar de residencia, o importantes diferencias salariales entre empleados
públicos de diferentes territorios y servicios que no están justificadas por razones objetivas. La ausencia de coordinación efectiva en esta materia hace que los sueldos estén en permanente espiral
y al alza en muchas CCAA, con el simple objetivo de estar "mejor que la media", instituyendo la desigualdad y la injusticia a la vez que la emulación del derroche y la ineficacia. P.
Adecuación del tamaño del ayuntamiento de Armilla a criterios objetivos y comunes para garantizar la eficiencia en su gestión y la limitación del establecimiento de diferencias salariales entre los
funcionarios. P. Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los órganos directivos de la Administración municipal. P. Aprobación de las
ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública, y estableciendo mecanismos de
coordinación entre los sistemas de acceso que posibiliten la movilidad en el empleo público. P. Transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de confianza,
asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese en el respectivo Boletín Oficial, con las exigencias y efectos que señala la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se asegurará que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para las que ha sido designado, ajustándose su
titulación y/o experiencia profesional al mismo, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos públicos a personas afines. P. Garantía de la legalidad y la
transparencia de la negociación colectiva en las entidades que forman parte de la administración municipal. Deben establecerse las cautelas y garantías necesarias para que se preserven los
principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. P. Fortalecimiento de los órganos de
control interno de la Administración Local: de la Inspección de Servicios, destinada a asegurar la eficacia y racionalidad organizativa y el cumplimiento de la normativa administrativa, y de la
Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del gasto público. Se establecerán canales de relación institucional para que determinada información emanada de los órganos de control
sea de conocimiento público y sea trasladada a los órganos de control externo como el Tribunal de Cuentas de Andalucía. P. Implantación de un Código de Buenas Prácticas en las
Administraciones Local de Armilla. Se adoptará una estrategia clara de prevención de la corrupción en el marco de lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de
2003, asignando a los servidores públicos un papel activo en dicha labor, dotándolos de criterios e instrumentos de actuación claros y eficaces para garantizar la integridad del servicio público.
P. Desarrollo e impulso de la Administración electrónica y adaptación a la misma de los procedimientos y criterios de gestión. P. Implicación plena de todos los servidores públicos en
la racionalización de procedimientos administrativos. El modo de tramitación de los procedimientos administrativos y su simplificación, la agilidad de los procedimientos, la claridad en la
distribución de competencias, la accesibilidad al estado de tramitación por parte de los interesados y la coordinación entre las diferentes unidades administrativas que intervienen en un mismo
procedimiento, han de ser una preocupación constante de los órganos responsables de organización administrativa, al igual que la racionalización de procedimientos y la calidad de los servicios. De
ahí que elaboraremos de manuales de procedimiento y la aprobación de cartas de servicios con los compromisos de calidad a que hayan de ajustarse los diferentes servicios públicos prestados a los
ciudadanos. 7. CIUDAD Y CIUDADANÍA Armilla ha pasado distintas etapas a lo largo de su historia más reciente. De ser un pueblo de agricultores, pasó en los años 70 a
convertirse en segunda residencia. A partir de los 90, comenzó una tercera etapa en la que se convirtió en ciudad dormitorio de la capital de la provincia. Actualmente, estamos ante otro paso más
en su evolución, y es que cada vez son más los vecinos, tanto autóctonos como llegados de todo el mundo, que desean que Armilla sea un municipio autosuficiente, desean hacer su vida y la de
sus hijos aquí. Para lograrlo es necesario dar un salto cualitativo en la prestación de servicios por parte del Ayuntamiento y del resto de Administraciones, acercándonos a Europa en cuanto a
servicios e infraestructuras adaptadas a la familia y a los mayores. 7.1. Urbanismo, vivienda y movilidad En UPyD consideramos fundamental en la concepción del urbanismo el
garantizar la Seguridad Jurídica para evitar discrecionalidad fomentando la elaboración de planes generales y de planes supramunicipales. Es necesario reordenar el sistema
competencial vigente en materia urbanística que recae casi de forma exclusiva en CCAA y Ayuntamientos, fomentando la dispersión del régimen del suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión
normativa. El Estado dispone de competencias mínimas. Entre las reformas constitucionales que consideramos ineludibles está la devolución al Estado de la gestión del territorio. La Ley del Suelo
nacional debe abarcar mayor número de materias y garantizar una estructura de la gestión y un mercado del suelo mínimamente homogéneos. Por otra parte, no se puede obviar el papel fundamental que
juegan en la ordenación del territorio CCAA y Ayuntamientos, pues no es posible lo que algunos han denominado “urbanismo de mando a distancia”, ajeno a las circunstancias del territorio. Es
imprescindible cambiar el actual paradigma urbanístico, difícilmente viable, de baja densidad edificatoria con máximo consumo de recursos, emisiones contaminantes y alta movilidad. Es
preciso abordar importantes cambios en el ámbito del planeamiento, los sistemas de gestión y de disciplina urbanística, incluyendo los de control y fiscalización de la actividad de las entidades
locales, tanto desde el punto de vista interno de la organización administrativa como desde los ámbitos externos como el Poder Judicial, Ministerio Fiscal o Tribunal de Cuentas. Y
finalmente, hay que abordar la modificación del sistema de financiación de las entidades locales para evitar que los Ayuntamientos utilicen el urbanismo como vía esencial de financiación. La
situación vivida en los últimos años nos debe hacer ver que es necesario evitar la dependencia financiera de los Ayuntamientos y los ingresos procedentes del urbanismo desaforado. UPyD hace
las siguientes propuestas generales: P. Exigir mediante avales la garantía en la financiación de las infraestructuras previamente a las construcciones para evitar que las urbanizaciones
queden sin finalizar en detrimento de los ciudadanos. P. Igualmente en los polígonos industriales en los que la iniciativa sea pública exigiremos a la administración competente la
realización de las infraestructuras previa a las construcciones. P. Adecuación de las infraestructuras al modelo de ciudad realizando un estudio previo de necesidades para el trasporte
y servicios básicos P. Políticas de vivienda: fomento del alquiler con un estricto cumplimiento de las normas de adjudicación de las viviendas así como revisiones periódicas del cumplimiento
de los requisitos iniciales. P. Igualmente desde UPyD exigiremos el desarrollo de leyes que agilicen los trámites legales en la recuperación de los inmuebles y favorezcan la seguridad
jurídica en la relación propietario-arrendatario. Por otra parte, de una manera más particular proponemos: P. Modificación del PGOU eliminando los retranqueos arbitrarios y aumentando
las alturas de los edificios hasta lo que técnicamente sea posible, con esto se reactivaría la construcción en muchos solares del centro del pueblo. P. Eliminación de los puntos negros en
las calles de nuestra localidad.(esquina calle Ganivet, rotonda en carretera de Armilla con autovía.. etc) P. La mejora de las infraestructuras de transporte y comunicación, modificando y
reordenando el tráfico rodado entre los distintos núcleos de población. P. Creación de oficina de una oficina de reciclado en la que se incentive el reciclado de papel y plástico a cambio de
material escolar y libros. P. Creación de áreas específicas para que los animales hagan sus necesidades. Se trata de zonas valladas cubiertas de arena que ya funcionan con éxito en otros
municipios de Europa. Éstas se localizarán en las zonas de paseo, parques, jardines y en aquellas en las que se censen un número significativo de animales. Para ello se creará el censo
municipal de animales. P. Planificación de asignación de recursos específicos del Área de Medioambiente y de forma continuada, al seguimiento del Plan de Saneamiento Integral de Armilla,
impulsando su finalización desde las distintas instancias públicas y privadas, y denunciando los incumplimientos de las distintas normativas. P. Elaboración de un “Plan Medioambiental
sobre el Reciclaje” en el municipio. P. Uno de los mayores problemas de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, es el acceso a la primera vivienda. Sin embargo, el problema de la vivienda
se ha extendido a otros colectivos debido al desempleo. UPyD propone que las viviendas de VPO planificadas no sean para la venta, sino para el alquiler, de forma que las personas beneficiarias
puedan ceder a otras el beneficio que supone su utilización cuando su situación mejore. Para ello, se propone la creación de un Departamento Público de Alquiler dentro del ayuntamiento.
7.2. Economía y Hacienda P. Necesidad de realización de una auditoria de cuentas. P. En la actualidad se desconoce con exactitud y fiabilidad la cantidad que este
ayuntamiento adeuda a proveedores, Seguridad Social, Hacienda, bancos, etc. Por ello, en aras de una mayor transparencia pública, UPyD encargará la realización de una auditoria de las cuentas
municipales en general, así como de las empresas municipales, para conocer el estado real y fidedigno en el que se encuentran las arcas municipales. P. Tras los resultados de la auditoria
anteriormente citada, se confeccionarán las cuentas Generales del Ayuntamiento y de las empresas municipales, de manera actualizada, las cuales serán presentadas a la Cámara de Cuenta de Andalucía,
las primeras y en el Registro Mercantil las de las segundas. P. Proponemos que la Cámara de Cuentas haga un informe detallado de la liquidación de las cuentas del Ayuntamiento de Armilla de
los últimos años. Analizando las partidas de gastos corrientes que en 2011. P. Llevar a cabo un estudio de viabilidad de las empresas públicas municipales (Fermasa, Armuvisa, etc.), con
propuesta de revertir parte de los beneficios al Ayuntamiento. P. Propuesta de reducción en las subvenciones a empresas municipales: o Reducir al 50% las subvenciones de sociedades que
prestan básicamente servicios al Ayuntamiento. o Eliminar la subvención a las de empresas comerciales como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Armilla (Armuvisa). o Realizar un plan
de reducción del déficit, por lo que se necesitará generar superávit presupuestario por esas magnitudes. P. Es prioritario reducir el pago de los intereses de la deuda. Para ello llevaremos
a cabo una adecuación progresiva del nivel de gasto del Ayuntamiento a su nivel de ingresos, en los próximos 4 años. Sólo se solicitará financiación bancaria para la realización de inversiones,
nunca para cubrir gastos corrientes. P. Creación de un Departamento de Control Financiero, cuya función será la de asegurarse que cada euro que se gasta en el Ayuntamiento está justificado,
no sólo documentalmente con una factura, sino por la prestación efectiva de un servicio previamente presupuestado y aprobado. Para ello se formará convenientemente al personal del Ayuntamiento.
P. Las cuentas, debidamente auditadas, del Ayuntamiento así como de las empresas participadas serán públicas en la página Web municipal, así como los presupuestos y los informes del
interventor y del secretario. 7.3. Industria y Empleo P. Plan Estratégico para el desarrollo del municipio. Con un estudio de debilidades y fortalezas, un diagnóstico claro de
la situación y unos objetivos estratégicos concretos, elaborado con la participación de los colectivos empresariales, sindicales y vecinales de Armilla, este Plan Estratégico pretende ser el faro
que marque la dirección de fututo de nuestra ciudad. Su implantación y desarrollo se realizará con una estrategia de claridad, transparencia, participación continua y adecuación a las necesidades
cambiantes del municipio: publicado en la Web municipal, será actualizado con informes periódicos de seguimiento de su implementación, facilitando que los ciudadanos puedan incorporar sus
comentarios y sugerencias al mismo. P. El Plan estratégico mencionado en la propuesta anterior incluirá un Plan Estratégico Municipal de Accesibilidad Universal en el que se estudiarán la puesta en
marcha de medidas como: - un parque de viviendas tuteladas acondicionadas para personas con movilidad reducida. - la puesta en marcha de una Web social con una Guía de recursos municipales,
autonómicos y estatales para las personas con discapacidad, entre otros contenidos. - la promoción de la figura del Asistente Personal y un plan de vida en el entorno para los residentes y
visitantes con discapacidad de nuestro municipio. - la creación de una Oficina Municipal de Vida Independiente. P. Se estudiará la viabilidad económica y legal de ofertar conexión de Internet
gratis a mayores de 65 años y a un precio reducido para todos los ciudadanos en general. P. El fomento de la creación y el fortalecimiento de las agrupaciones de empresas locales y la
búsqueda de sinergias con otras agrupaciones de empresas y colectivos de fuera del municipio. El aumento de la competitividad empresarial es un concepto que marca nuestra situación
económico-laboral de nuestro tiempo. Con el fomento de la creación de agrupaciones de empresas pretendemos aunar sinergias y aprovechar las ventajas competitivas comunes, haciendo además más
plausible la consecución de incent
ivos supralocales. P. Potenciación de la proyección exterior de la ciudad hacia mercados supralocales. Entendemos ésta como una vía primordial para la
captación de nuevas oportunidades de negocio y posicionamiento competitivo de nuestro tejido empresarial fuera de la propia localidad P. Potenciación de los servicios locales de empleo y de
promoción económica. En coordinación con las instancias supra-locales, para el mejor aprovechamiento de los recursos, de una forma efectiva y con criterios de igualdad y equidad. P.
Desarrollo de políticas que potencien el empleo protegido para promocionar y dar estabilidad a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción, así como bonificar las empresas que
cumplan la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) en la contratación pública. P. Potenciar el modelo de Economía Social. La Economía Social es un nuevo modelo empresarial,
integrado por empresas privadas basadas en unos principios de democracia, equidad, gestión participativa y primacía del trabajo y del factor humano frente al capital, tanto en los procesos de toma
de decisiones como en la distribución del beneficio. Siendo las figuras empresariales más comunes las cooperativas, las sociedades laborales, las fundaciones y las asociaciones. Haciendo especial
hincapié en el fomento del “emprendimiento social” entre jóvenes y personas desempleadas. P. Nos apoyaremos en acuerdos de colaboración con organismos especializados en el fomento de la
Economía Social para el desarrollo de un tejido empresarial acorde con este modelo. P. El Área de Participación ciudadana e Innovación Social diseñará las estrategias para lograr los
objetivos marcados en el Plan Estratégico, en base a un modelo socio-económico equitativo y sostenible para el municipio. P. Impulsar la creación de una Oficina Comercial. Esta oficina
detectará nuevas oportunidades de negocio permitiendo a los empresarios locales diversificar su oferta o crear nuevas empresas. Se fomentará las sinergias con otros agentes económicos de dentro y
fuera del municipio. Al mismo tiempo, hará las funciones de observatorio de la actividad económica local, facilitando de esta manera la información necesaria para la optimización de las
oportunidades de negocio, activando con ello el consumo local. 7.4. Cultura, Educación y Deporte Cultura ¡La cultura es una herramienta fundamental para el desarrollo económico
y social. Por ello, proponemos el desarrollo de un plan con dos objetivos fundamentales: La formación cultural, como factor de integración social y desarrollo personal, y el diseño de una
oferta cultural atractiva, como generador de empleo y riqueza en el municipio. El plan desarrollará al menos los siguientes puntos: P. Recuperar la gestión directa de las actividades de ocio
y cultura por jóvenes creadores de nuestro municipio. P. Propiciar que en el antiguo mercado de abastos se ubique una extensión del conservatorio de música. P. Creación de
Grupos Promotores de la oferta cultural de Armilla. Estos grupos, liderados por Gestores Culturales, estarán formados por voluntarios de todas las edades a los que se les darán formación en gestión
cultural y sobre el municipio. Tendrán la misión de analizar y proponer al Ayuntamiento la oferta cultural de Armilla. P. Promoción del talento artístico dentro del municipio. Para ello
apoyaremos la formación artística a través de escuelas y clubes (teatro, lectura, etc.), que recogerán las inquietudes artísticas de aquellos que no sean profesionales, o no quieran acceder a una
formación reglada. Se intentará llegar a acuerdos con otras administraciones para la concesión de becas que ayuden al desarrollo de carreras profesionales. P. Articulación de los
espacios multifuncionales necesarios para el fomento de la cultura en el municipio. Estos espacios podrán ser públicos o privados, contando con la participación de los empresarios, que verán como
invirtiendo en cultura se generan nuevas oportunidades de negocio en sus establecimientos. Educación El incremento de la población infantil del municipio y el fuerte crecimiento de
población de los últimos años, ha generado una mayor demanda de necesidades educativas. Sin embargo, la respuesta a esta demanda no ha cubierto las expectativas, por lo que proponemos las
siguientes intervenciones: P. Escuela de Padres: Programa de apoyo a las NEE (Necesidades Educativas Especiales). Junto al tejido asociativo local y provincial, y solicitando la
colaboración de la Delegación de Educación, complementaremos desde la Administración Local el servicio de diagnóstico de los niños con NEE. El diagnóstico precoz de la discapacidad o posibles
dificultades en el aprendizaje, es un factor fundamental en la mejora del grado de autonomía de estas personas en el futuro. Por ello, una vez sea solicitado el diagnóstico por parte del
profesorado, si los casos sobrepasan los que pueden asumir lo técnicos de la Administración Autonómica, los Servicios Sociales del Ayuntamiento posibilitarán dicho diagnóstico. En cuanto a la
atención a la familia, co-financiaremos un servicio de atención a padres que gestionarán las propias asociaciones de afectados en Armilla con un doble objetivo, servir de mediador entre la familia
y la Administración Pública y crear una Escuela de Padres. P. Programa escolar de inmersión musical: Un niño, un instrumento, un futuro mejor. Este programa se pondrá en marcha de forma
coordinada con el Plan de Dinamización Cultural del municipio. Se buscará la colaboración público-privada para la creación de aulas de música en los centros escolares. P. Programa escolar de
apoyo al plurilingüismo: Nos comunicamos con el mundo. Dada la precaria situación económica municipal, este programa se llevará a cabo con la colaboración a través de becas de intercambio con
estudiantes que apoyarán a los tutores de inglés de los centros que voluntariamente lo acojan al programa. P. Diseño y puesta en marcha, junto al profesorado del municipio, un Plan de
Intercambio de Experiencias entre iguales (centros de igual nivel) y trasversales (CEIP-Institutos-Universidad). Promoveremos, junto a otras Administraciones, la organización de conferencias sobre
calidad educativa en el municipio. P. Impulsar un programa de Educadores de Calle, cuyo objetivo será trasladar los Servicios Sociales del Ayuntamiento a los distintos barrios de Armilla,
llevando a cabo actividades con niños y jóvenes y sus familias, especialmente aquellas desprovistas de incentivos laborales y culturales. Éstos harán además de nexo de unión entre los servicios
sociales del Ayuntamiento y los centros escolares, para la prevención del fracaso escolar. Deporte Completar una buena oferta de ocio y deporte de manera continuada servirá para
dinamizar la vida del municipio, implicando, no sólo a los vecinos, sino también a visitantes. Es también una oportunidad de creación de empleo y de proyección de la imagen del municipio. La oferta
será diversificada incluyendo actividades para los distintos públicos (mayores, familias, personas con discapacidad, etc.). P. Recuperar la gestión directa de las actividades de ocio y
deporte por jóvenes deportistas de nuestro municipio. P. Propuesta de sustitución de césped natural por césped artificial para incrementar las horas de uso de esta instalación y satisfacer
la demanda existente en el municipio de Armilla. P. Fomentar la firma de un convenio con la base aérea para el uso de las instalaciones deportivas contiguas a la C/ Jardines y estadio
Rafael Machado Villar P. Potenciar aquellos eventos deportivos existentes en el municipio para que alcancen repercusión nacional. P. Estudiar la posibilidad económica y legal de
establecer en los convenios con empresas promotoras de futuras urbanizaciones, la obligatoriedad de destinar parte del suelo a zonas deportivas, zona infantil y zona de ocio, con los respectivos
equipamientos. P. Puesta en marcha de una campaña en colegios e institutos para fomentar la práctica del deporte tanto individual como colectivo. Haciendo énfasis en el deporte como
actividad integradora a todos los niveles y promoción de hábitos saludables y mejora de la autoestima. P. Incentivar la practica deportiva a partir de la edad preescolar, evaluando las
aptitudes individuales de los niños para guiarles en el deporte en el que sus cualidades sobresalgan. P. Enseñar a nuestros vecinos y visitantes el entorno en el que vivimos a través de
rutas paisajísticas y rurales, fomentando el senderismo y bici de montaña. Dando respuesta a la demanda actual de actividades al aire libre y con un alto componente ecológico. P. Análisis
dinámico de la demanda de prácticas deportivas en el municipio para poder adaptar la oferta a dicha demanda. Para ello pondremos en contacto a los demandantes y diseñaremos la oferta a medida de
las posibilidades de horario, espacio y monitores disponibles. Haremos especial énfasis en la creación de una oferta atractiva de deporte adaptado a personas con discapacidad. P.
Proponer la creación de un Circuito de Gimnasia Pasiva P. Impulsar la creación de un circuito a través de Vega de Armilla, con zonas de paradas que permitan al viandante refugiarse y
descansar. Estas áreas estarían provistas de paneles informativos con información municipal. P. Apoyo técnico y cesión de instalaciones a los clubes locales y deportistas. P. Estudio
de viabilidad para que todos los recintos deportivos (campo de fútbol, piscina municipal, pabellones cubiertos, gimnasios, etc) dispongan de desfibriladores. 7.5. Asuntos sociales y
Participación Ciudadana P. Potenciar los servicios de psicología de los servicios comunitarios. P. Facilitar que las asociaciones y los ciudadanos participen en los Plenos, como se
indica en el Reglamento de Participación Ciudadana: o celebrando éstos en horario de tarde para facilitar la asistencia o anunciando su celebración con una antelación de una semana en la página
Web. o grabación de los plenos y difusión en los portales de Internet de los Ayuntamientos. P. Creación de Consejos Sectoriales que debatirán y aportarán posibles soluciones a problemas que
exceden de las competencias del Ayuntamiento. El consistorio será una parte más dentro de estos consejos sectoriales y hará lo posible por solicitar estos servicios a las administraciones
competentes. En este sentido proponemos la creación de dos consejos: o Consejo Sectorial de Salud, que analizará las necesidades sanitarias de la población de Armilla, especialmente en lo referente
a la dotación del Centro de Salud y la existencia del servicio de urgencias pediátrica, entre otros aspectos. o Consejo Sectorial de atención a las NEE, Este consejo multidisciplinar (padres,
profesores, terapeutas, políticos, etc.) analizará la atención que reciben los niños con NEE en los centros escolares, y propondrá medidas a las distintas administraciones públicas para
mejorar la calidad de dicha atención. P. Consejos locales de acondicionamiento del entorno urbano: Para renovar la imagen del municipio, no es suficiente con las labores de acondicionamiento
y limpieza del Ayuntamiento. La ciudadanía ha de trabajar de forma coordinada y colaborar con el cuidado de sus propiedades. Por ello propondremos la creación de estos consejos con el objetivo de
elaborar procesos continuos de colaboración ciudadana que se coordinen con las labores del Ayuntamiento, incluyendo una Campaña de concienciación ciudadana. 7.6. Seguridad Ciudadana,
Personal y Administración. Seguridad Ciudadana P. Impulsar una mayor presencia de la policía local a pie durante los horarios comerciales en las zonas mas concurridas y reforzar la
vigilancia en horario nocturno Personal y Administración P. Implantación de un Sistema de Gestión por Procesos enfocado al ciudadano como cliente externo y al empleado público como
cliente interno de la Administración Pública, que haga posible el diseño y la priorización de los servicios a la medida de las necesidades de los ciudadanos, así como su evaluación y mejora con el
menor coste posible, haciendo uso de las posibilidades de las nuevas tecnologías. P. Realización de un estudio-diagnóstico sobre las necesidades y la satisfacción de los ciudadanos con los
servicios ofertados por el Ayuntamiento. El estudio se realizará mediante encuestas de satisfacción a través de la Web y junto con las asociaciones de vecinos del municipio. Los resultados de dicho
estudio serán públicos. P. Creación del Área de Participación Ciudadana e Innovación Social para la puesta en marcha de procesos claros y eficientes de participación ciudadana a dos niveles:
o .- Nivel asociativo: A través de la constitución de una Oficina Técnica de Fortalecimiento del Tercer Sector (asociativo) en Armilla. La Administración Pública necesita interlocutores con la
ciudadanía válidos e independientes para que participen en el diseño, gestión, evaluación y mejora de las políticas públicas que afectan a los colectivos que representan. o .- Nivel de ciudadanía:
A través de procesos abiertos de consulta y referéndum utilizando las nuevas tecnologías y a través de jornadas abiertas de participación e información. P. Impulsar la prestación de
servicios, a través de expertos en la prestación del mismo seleccionados bajo los criterios de publicidad, mérito y competencia, siendo un criterio prioritario que las entidades prestadoras sean no
lucrativas, creando un Área de Calidad y Supervisión financiera interna que velará por el cumplimiento de las condiciones del servicio de dichas entidades. Estos convenios se revisarán cada tres
años. P. Para facilitar el acercamiento de la Administración Pública al ciudadano, además del uso de las nuevas tecnologías, se propondrá la creación de un Servicio de Cercanía Municipal. Este
servicio contará con administrativos itinerantes que se desplazarán a demanda de los ciudadanos, a cada uno de los núcleos urbanos del municipio. Gobierno Local P. Limitación del
mandato de Alcalde a un máximo de dos legislaturas completas. P. Creación del Canal Ético del Ayuntamiento. A través del cual los ciudadanos podrán denunciar posibles malas prácticas y
abusos de poder de los políticos del municipio, con el compromiso de dar respuesta en 30 días a la reclamación. P. Habilitación de un Registro de “actividades profesionales coincidentes“.
Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución o en una empresa pública, corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas
cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte
de su cónyuge, conviviente o persona con parentesco hasta el segundo grado. P. Extender a concejales y alcaldes durante los dos años siguientes a sus cese la prohibición de trabajar para
empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad local durante el periodo en que desempeñó el cargo. P. Se elaborará una estricta Política de Conflicto de Interés, que tendrán
que suscribir los miembros del Equipo de Gobierno, que incluirá limitaciones a la relación directa o por persona interpuesta de los miembros de dicho equipo con proveedor alguno del Ayuntamiento o
entidad beneficiaria de subvención. P. Restringir los supuestos en que será posible recurrir a nombramientos por libre designación para cubrir puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal. P. Proponemos que se exija a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la Diputación de Granada el cumplimiento estricto de la normativa vigente,
con una mayor implicación en los gastos en competencias impropias P. Proponemos reducir en un 52% todos los gastos en competencias impropias por los que no se obtengan recursos de otras
Administraciones Públicas, como medida política que priorice la importancia del rigor en el deslinde de funciones y competencias 7.7. Turismo y Patrimonio P. Diseño y ejecución de una
campaña de promoción anual conjunta con la oferta cultural, de ocio y deporte del municipio, creando la figura del Asesor Turístico. -30